Jaime Bellolio
En Chile no hay Estado de Derecho ni garantías para un juicio justo. Eso es lo que nos ha dicho el gobierno argentino al decidir otorgarle refugio político a Galvarino Apablaza, y con ello negar que sea juzgado por los tribunales de nuestro país.
Esto no sólo vulnera y ataca nuestra institucionalidad, sino que también la de ellos mismos, ya que -hace pocas semanas- la Corte Suprema de ese país declaró que el crimen cometido por Apablaza era un delito común, y por ende no cabía la figura del refugio político.
La decisión de Argentina viene a ratificar la impunidad, falta de justicia y ausencia de verdad en torno al asesinato de Jaime Guzmán: ninguna de las personas que urdieron y llevaron a cabo dicho crimen hoy cumplen penas en nuestro país.
No habiendo razones jurídicas o sostenibles para justificar este hecho, cabe hacerse la pregunta ¿será por amiguismo, o será por compartir sus ideas? Ambas razones serían impresentables.
Lo que han hecho las organizaciones que supuestamente defienden los derechos humanos en Argentina, que están totalmente cooptadas y utilizadas por la extrema izquierda -a tal punto que decir "organizaciones de DD.HH. de izquierda" es una redundancia absoluta-, es de un doble estándar sin límites. No sólo se vulneran los derechos de las víctimas y sus familiares, sino que se sostiene sistemáticamente que sólo aquellos que tengan su misma ideología son merecedores de dignidad.
Porque los derechos humanos son eso, reconocer la dignidad de las personas, sin importar su raza, credo, condición social o ideología. Pero el doble discurso de las organizaciones políticas de DD.HH. en Argentina -y también algunas de nuestro país- hace que su supuesta defensa incondicional de los derechos humanos pase a ser condicional: sólo si usted comulga con mis ideas; de lo contrario, no.
Esto, además, le introduce un problema adicional al mismo gobierno de los Kirchner, ya que su argumentación -que han hecho pública en numerosas instancias- para extraditar a los iraníes que cometieron los delitos relacionados al caso AMIA pierde fuerza y coherencia.
Mientras en Argentina el gobierno decide ceder ante la presión de estos grupos -de forma completamente dividida-, en Chile había consenso en que Apablaza debe enfrentar los tribunales y responder por sus delitos. Algunos lo podrán haber hecho a regañadientes, mientras otros -valientes- han sostenido que pese a estar en una oposición ideológica, Guzmán, sus familiares y la sociedad chilena merecen conocer la verdad y recibir justicia.
Pertenezco a una generación en la cual no caben justificaciones para la violación de los derechos humanos, pero tampoco para el terrorismo. Para nosotros, la impunidad y la ausencia de justicia no tienen explicación ni aceptación. Este tipo de situaciones sólo hace que se profundicen nuestras diferencias con la generación que nos antecede; esa generación que tanto en Chile como en Argentina ya no es capaz de reconciliarse. Porque al final, no hay mucha diferencia entre sostener que el líder de un grupo terrorista vinculado a múltiples crímenes y delitos debe ser un refugiado político y quedar libre y mantener que para proteger al Estado hay que violar los derechos humanos.
Este lamentable suceso nos vuelve a recordar que la política es el arte de lo posible, pero que cuando lo posible no va acompañado de ética, dignidad, principios, y sobre todo de justicia, entonces quedan al descubierto los desnudos y simples intereses.
Parafraseando a San Agustín se puede decir que cuando los que ejercen la actividad política no se miden por la verdadera justicia, sino por meros intereses, no se diferencian mucho de una banda de ladrones.
