2006-2010.
Primer Eje : El Punto de Partida: la igualdad de oportunidades como camino a la disminución de la abrumadora inequidad social
Segundo Eje : Devolver la confianza en las instituciones democráticas Tercer Eje : Fortalecer los derechos y libertades individuales frente al Estado Quinto Eje : Revitalizar el emprendimiento de la clase media productiva Sexto Eje : Participación para enfrentar un mundo globalizado
El Punto de Partida: la igualdad de oportunidades como camino a la disminución de la
abrumadora inequidad social
Entendemos el desarrollo como un proceso de expansión de las libertades reales de que
disfrutan las personas. De esta forma, el progreso debe evaluarse, principalmente, en
función del incremento que hayan experimentado las libertades individuales, donde a su
vez, el desarrollo mismo depende completamente de la libre agencia de los individuos.
Por su parte, la libre agencia de las personas está influida por el nivel de barreras existente
en el acceso a los activos que permiten incrementar las capacidades o al uso propio de
dichos activos.
Es así como las oportunidades sociales surgen en un marco referido a la disponibilidad de
inversión en capital humano, donde también debe existir un sistema que permita a la
persona competir en igualdad de condiciones y así aprovechar los beneficios que genera la
inversión en capital humano.
Componentes como el acceso a la educación, la salud, el trabajo, la vivienda y la seguridad
básica, deben ser reforzados por un marco institucional coherente con la ausencia de
privilegios fácticos, con el fin de que sobre la base del bien común, los individuos tengan el
camino despejado para internalizar los beneficios de su esfuerzo personal.
Este eje está enfocado principalmente a la eliminación de barreras para la adquisición de
activos incrementadores de capacidades e instrumentos que evitan la privación de
necesidades básicas.
En el plano del acceso a la educación, piedra angular de la igualdad de oportunidades, las
iniquidades son abismales. Si bien, la cobertura educacional es bastante amplia en niveles
tan importantes como la educación básica y media, existen brechas extremadamente
significativas en la calidad de la enseñanza, la cual se ve condicionada por la situación
socioeconómica de los estudiantes y por limitaciones en el sistema en el cual está inserta la
oferta educacional. Ello es más visible aún en la educación en el área de las ciencias, cuya
reformulación constituye es indispensable considerando la necesidad de que Chile se
inserte en la sociedad del conocimiento.
Al agrupar los establecimientos según condición socioeconómica, los establecimientos que
albergan estudiantes provenientes de las familias con mayores ingresos obtienen un puntaje
promedio en el SIMCE equivalentes a 1,5 veces el puntaje promedio de aquellos
establecimientos que atienden a los estudiantes provenientes de las familias de menores
ingresos.
Si bien, el promedio en los puntajes podría tener una variabilidad tan grande que existiera
una cantidad significativa de estudiantes de menores ingresos que tuvieran puntajes
similares al de estudiantes con mayores ingresos, lo cual les permitiría en el futuro cambiar
su condición socioeconómica, las estadísticas del SIMCE nos muestra que en el segmento
de menores ingresos la variabilidad en los puntajes en la enseñanza media apenas alcanza
para estar un 7% por sobre el promedio de dicho segmento.
A diferencia de la educación básica y media, el principal problema que presenta el acceso a
educación superior está dado por la cobertura. En el quintil de menores ingresos la
cobertura de educación superior apenas llega al 10%, mientras que en el quintil de mayores
ingresos ésta es cercana al 70%.
Las oportunidades de empleo es sin lugar a dudas la mayor deuda del gobierno de Ricardo
Lagos. Entre 1990 y 1999 se crearon en promedio 92 mil empleos al año, incluso tomando
en cuenta el ciclo negativo de 1999. Por su parte, el gobierno del Presidente Lagos entre el
2000 y el 2004 creó sólo 70 mil empleos como promedio anual. Esta diferencia de 22 mil
empleos, implica una pérdida de 132 mil empleos para el período 2000-2005.
A su vez, uno de cada cinco jóvenes está desempleado. El desempleo juvenil se concentra
en las familias más pobres, con baja escolaridad y sin formación ni experiencia laboral.
Este grupo se dirige a buscar empleos inestables o del sector informal obteniendo bajos
salarios y nulas posibilidades de aprendizaje o especialización, impidiendo la movilidad
hacia un trabajo mejor. Todo esto contribuye a la continuidad del círculo de la pobreza
afectando posteriormente a las futuras generaciones.
En cuanto a la salud, existe un gran cambio en el perfil epidemiológico y demográfico de la
población. La proporción de adultos mayores ha tendido a incrementarse a través del
tiempo, de hecho, el crecimiento de este grupo etáreo se estima en un 45% para el período
1992 a 2005, mientras que el de toda la población apenas en 19%. Ante esta realidad, los
sistemas de salud aún no tienen planes básicos a un costo razonable que enfrente de mejor
manera dicha situación.
Si bien Chile tiene indicadores biomédicos adecuados para su nivel de desarrollo, existen
grandes diferencias entre los segmentos de la población y localidades. Mientras en Laguna
Blanca y Timaukel la tasa de mortalidad infantil es de cero, en Calera de Tango alcanza el
17 por cada mil nacidos.
Según el Censo 2002 hay casi 400 mil viviendas que carecen de conexión a alcantarillado,
de las cuales 40 mil ni siquiera tiene servicio higiénico. También existen más de 10 mil
viviendas construidas en base a desechos como lata, cartones y plástico.
La gran dependencia de la jubilación y pensiones, sobre todo en los quintiles de menores
ingresos, es un tema que trasciende más allá una situación coyuntural. El problema surge
en que los sectores de menores ingresos dependen de la posibilidad de obtener una pensión
asistencial, la cual es extremadamente insuficiente para que los adultos mayores tengan un
nivel de vida satisfactorio. Es así como la encuesta Casen 2000 evidencia que casi el 60%
de los ocupados que pertenecen al quintil de menores ingresos no está cubierto por ningún
sistema previsional.
Por último, el acceso a nuevas capacidades está condicionado al acceso a un nivel mínimo
de recursos que posibilite estabilidad y seguridad en la población. Si la persona no tiene
ingresos para una buena alimentación, su rendimiento laboral o escolar será deficitario,
desaprovechando las reales capacidades de dicha persona.
De esta forma, las ayudas asistenciales juegan un rol fundamental en el acceso a activos
generadores de capacidades, donde es necesario destacar la focalización del gasto público,
el cual permite reducir la relación de ingresos entre el 20% más rico y el 20% más pobre de
la población desde 14 veces a sólo 8 veces. Un elemento que hay que tener presente es que
la focalización del gasto público difiere de la forma en que se obtienen dichos recursos. Es
así como un sistema tributario supuestamente progresivo no produce efectos redistributivos,
donde la distribución del ingreso es prácticamente igual con un sistema tributario con tasas
mayores a las rentas altas o un sistema de tasa única independiente de la renta, partiendo
por el hecho de que el nivel de renta en Chile no es tan alto, por lo que los ingresos por
efecto de impuesto a la renta representa sólo el 35% de los ingresos tributarios.
Tópicos de Este Eje
Tópico 1: Educación.
Tópico 2: Empleo.
Tópico 3: Salud.
Tópico 4: Vivienda.
Tópico 5: Pobreza.
Tópico 6: Previsión social.
Tópico 7: Adulto Mayor.
Tópico 8: Familia y Mujer.
Tópico 9: Discapacidad.
Tópico 10: Deporte.
Tópico 1: Educación
A través de políticas coherentes se logrará un impacto en la conciencia colectiva de la
importancia de la educación para el desarrollo personal y de la nación, un crecimiento de la
cobertura escolar, dotación de bibliotecas escolares, textos de estudio y computadores
unidos a redes de internet. Se proyecta además una ampliación y mejoramiento de la
Jornada Escolar Completa y la infraestructura de escuelas y liceos, así como un
fortalecimiento en la educación científica con en énfasis en programas continuos de
actualización de contenidos con el uso de herramientas moder- nas incluyendo el uso de
internet y video-conferencias. Proponemos:
Mayor cobertura para la educación preescolar
Los estudios internacionales muestran efectos significativos en cuanto al impacto de la
educación preescolar en el desarrollo cognitivo y de madurez emocional de los niños. En el
caso de Chile, los estudios revelan que los niños que accedieron a educación preescolar
logran tener ventajas en aspectos relacionados con adaptación socioemocional y también
pueden tener un mayor rendimiento en escolar cuando los programas preescolares tienen un
nivel de calidad adecuado. Por tales motivos se propone garantizar el acceso a educación
preescolar para todos aquellos niños prove- nientes de hogares que estén dentro del 60%
con menores ingresos. A su vez, para orientar a las familias en la decisión de elección del
establecimiento, se establecerá un programa de medición de calidad que entregue información
de acceso público.
Mejor calidad de la educación
La mala calidad de la educación chilena quedó en evidencia con la última evaluación
TIMSS, donde nuestro país clasificó en el lugar 41 en matemáticas y en el puesto 38 en
ciencias de entre los 46 países evaluados. A su vez, en los resultados de la prueba PISA el
20% de nuestros alumnos quedaron bajo el umbral mínimo.
Parte de este problema lo explica la subvención por alumno, la cual no alcanza a cubrir
todos los gastos operacio- nales que actualmente son atribuidos a la gestión educativa. Se
propone duplicar la subvención por alumno al 2010.
Al mismo tiempo, se requiere mejorar la calidad de los programas escolares, dedicar las
horas adicionales de la jornada escolar completa a implementar programas de análisis y
discusión de las materias, además de una reorienta- ción que transforme al alumno desde un
ente pasivo receptor de conocimiento a una persona que interactúe en el proceso de
aprendizaje.
En el plano de los instrumentos que permiten una evaluación comparativa de la calidad
educacional, resulta impera- tivo que las pruebas SIMCE cuenten con un puntaje de corte
que identifique un nivel de calidad deseado, mesurable y alcanzable. A su vez, al
establecerse el puntaje de corte, permite crear un fondo concursable para aquellos establecimientos
que obtengan los mejores resultados, como así también, hacer públicas y
replicables las experiencias exitosas.
Capacitación, incentivos y evaluación docente
Para que los profesores acompañen el cambio de las actuales reformas educacionales, es
fundamental la capacita- ción y los incentivos. En este sentido se plantea mejorar la actual
evaluación docente, pues el exigir resultados es una tarea primordial a la hora de entregar
beneficios monetarios. De esta forma, se propone que los beneficios se encuen- tren sujetos
al desempeño y no en base a la antigüedad. Además, se facilitará la renuncia voluntaria
para que se puedan renovar los cuerpos docentes. Por último, se establecerán sistemas
externos de acreditación que evalúen la actividad formadora de las universidades para
atraer a la actividad docente a estudiantes con vocación y espíritu de servicio educacional.
Incorporar a los apoderados
El objetivo es fomentar y ampliar los mecanismos de financiamiento compartido, de forma
que la familia se haga parte del proceso educacional. Se propone incentivar el
cofinanciamiento para obtener mayores recursos que permi- tan otorgar mejores salarios y
otros incentivos a los profesores, conforme los resultados obtenidos. Los aportes que
efectúen los padres y apoderados para cofinanciar la enseñanza básica y media podrán ser
descontados en la declara- ción de impuestos. También se plantea el perfeccionamiento de
la ley de donaciones, con el fin de incentivar estos aportes.
Intercambio de experiencias
Los vínculos existentes en un sistema educacional son fundamentales para el proceso de
transferencia, lo cual permite que aquellos establecimientos rezagados puedan obtener
insumos que facilitan un mayor desarrollo de los objetivos. Para esto se propone ampliar la
transferencia y competencia en los programas educacionales, aprovechan- do la experiencia
de los establecimientos más exitosos. Por su parte, se fomentará la transferencia de material
educa- tivo y el acceso a bibliotecas.
Educación municipal
La real autonomía y descentralización de la Educación Municipalizada involucra los
aspectos administrativos (re- cursos humanos), técnico pedagógicos y financieros. Se
propone incorporar al estatuto docente herramientas moder- nas de gestión que permitan
flexibilizar el Estatuto y que promuevan la autonomía de la gestión municipal en el plano
de recursos financieros y humanos.
Se enfatizará el currículo técnico profesional en aquellas áreas que presentan ventajas
competitivas por sobre otras comunas. Fortalecer una carrera técnico profesional permite
retener a los mejores alumnos y ofrecerles oportunidades de progreso académico y
profesional. El esquema de alianza estratégica con las empresas que explotan el bien o
servicio destacado en la comuna, no solo es una buena fuente de aporte, sino que además,
permite contar con asesorías e instalaciones.
Se permitirá que las aulas municipales sean utilizadas para impartir cursos, programas y
desarrollo de actividades extra programáticas toda vez que los establecimientos hayan
finalizado su jornada.
Se aprovecharán las salas de computación para dictar, entre otros, programas de
capacitación los días sábado y domingo. El municipio podrá negociar una matrícula de
menor cuantía si cede el aula escolar. Los alumnos por otro lado, podrán aprovechar las
ventajas de desarrollar actividades extra programáticas, ya sea por medio de la afiliación a
cursos formales o bien, clubes informales.
Sistema de información para la buena gestión
Se establecerá un sistema interconectado vía Internet entre el municipio y los colegios
subvencionados cuya fina- lidad consiste en manejar información agregada y parcelada de
cada establecimiento y alumno que accede a la edu- cación subvencionada, permitiendo
mejorar la toma de decisiones al dar cuenta de información detallada sobre cada tema y
área que necesite ser enfatizada.
Educación diferencial
Se propone como objetivo terminar con los problemas de integración ocasionados por la
discapacidad. No basta con garantizar el acceso, sino que también se debe garantizar que
las innovaciones y adecuaciones curriculares apun- ten a la igualdad de oportunidades y a la
no discriminación.
Erradicación del analfabetismo
Si bien la tasa de analfabetismo agregada es inferior al 4%, existe una gran cantidad de
localidades en que dicha tasa supera los dos dígitos. Lamentablemente, personas de mayor
edad relativa, individuos que se encuentran en lugares de difícil acceso y debilidades en los
mecanismos de selección para programas de alfabetización, son factores que llevan a que
en algunos lugares se observen tasas de analfabetismo muy significativas. En las zonas
rurales se observa con frecuencia la autosubsistencia de hogares en que sus miembros están
fuera de la fuerza de trabajo, debido a la falta de alfabetización y por lo tanto, la
imposibilidad de trabajar en una actividad más rentable.
Por todas estas razones, se propone la puesta en marcha de un programa de erradicación del
analfabetismo, focalizándose en las localidades con mayor tasa de analfabetismo, de forma
de llegar al 2010 en que en ninguna municipalidad se observe una tasa de analfabetismo
igual o superior al 10%.
Educación dual
En un mundo global es absolutamente necesaria una mayor vinculación entre la enseñanza
media con el mundo empresarial y laboral. Esto implica una identificación de proyectos
educativos propios por establecimiento que susten- tado en los objetivos y contenidos
mínimos establecidos por la autoridad, implemente un currículo acorde a las nece- sidades
de su medio.
Educación científico-tecnológica en un país que se inserta en la sociedad del conocimiento
El escenario internacional de la última década ha experimentado importantes cambios. La
globalización implica aumentos sustantivos en el volumen de comercio internacional y un
gran dinamismo de la inversión extranjera. La inserción de Chile en el mundo globalizado,
significa un desafío creciente de aumento de eficiencia y productividad. No será posible
mantener los niveles adecuados de competitividad sin recursos humanos calificados.
Dada la rapidez con que el conocimiento científico se desarrolla y en vista de la necesidad
de mejorar la calidad de la enseñanza de las ciencias en nuestro país, resulta de importancia
generar programas modernos para una formación continua, en que los conocimientos de los
docentes estén en permanente actualización. Es necesario también, incidir en la educación
científica de los jóvenes de manera urgente, pues ello les permitirá acceder a una adecuada
educación superior, capacitación tecnológica o formación profesional, que entregue nuevas
posibilidades para una mejor calidad de vida y un mayor desarrollo socio-económico.
Calidad de la educación superior
Un individuo que adquiere una formación que permita mejorar sus conocimientos, tendrá
en el futuro mayores beneficios, los cuales pueden reflejarse en forma monetaria o de
realización personal en alguna actividad específica. A su vez, dichos beneficios estarán
condicionados al nivel de calidad que tenga la educación impartida por el estable- cimiento.
Existen casos en que algunos establecimientos ocultan sus características, lo que dificulta
una elección más precisa por parte de los estudiantes.
Para asegurar altos niveles de calidad en la educación superior se propone perfeccionar el
proceso de acreditación efectuado por el Consejo Superior de Educación para otorgar la
autonomía a las instituciones que postulan ante el Consejo. Para esto, se ampliarán los años
necesarios para otorgar la acreditación, como también la posibilidad de denegar la
autonomía a ciertas carreras o áreas de estudio que no cumplan con los requisitos básicos.
En cuanto a la información, se realizará una encuesta anual sobre la situación ocupacional y
de remuneraciones para los egresados y titulados durante los últimos cinco años, para cada
una de las carreras e instituciones de educa- ción superior. El Consejo Superior de
Educación distribuirá anualmente la información obtenida por la encuesta a cada una de las
municipalidades del país. A su vez, los colegios deberán disponer de esta información, al
ser solicitada en el municipio correspondiente.
Mayor acceso a la educación superior
Principalmente, los aportes fiscales a la educación superior son asignados
discrecionalmente a determinadas insti- tuciones. De esta forma, estudiantes adinerados
utilizan salas de clases, profesores y libros que fueron financiados por contribuyentes de
escasos recursos que ni siquiera tienen la oportunidad de acceder a la educación superior.
Se propone un sistema de crédito que entregue recursos directamente a los estudiantes, en
base a un sistema de puntajes que incluya factores como situación socioeconómica
deficitaria, excelencia académica y ahorro acumulado para la educación superior. Al mismo
tiempo, las becas serán entregadas en forma directa, basándose en criterios
socioeconómicos, excelencia académica y de elección de carreras con un alto nivel de
rentabilidad social.
Tópico 2: Empleo
Es evidente que sin trabajo, no hay igualdad de oportunidades. Es evidente también que una
de las mayores falencias del actual gobierno ha sido la incapacidad de disminuir la tasa de
desempleo. Esa debe ser, por lo tanto, una medida fundamental, por ser el sustento familiar
la necesidad primaria, incluso con mayor preponderancia que la seguridad ciudadana y la
salud.
Para modernizar la legislación parece conveniente sugerir la implementación de normas
laborales, que sin modificar las actuales, se presenten como alternativas a las vigentes,
otorgando así a los trabajadores la posibilidad de optar por nuevos sistemas que le sean más
atractivos. Se trata de abrir un espacio de libertad, para que los trabajadores opten en forma
individual o colectiva, por normativas que sean más adecuadas a la realidad que se vive en
cada empresa.
Movilidad laboral
Las actuales normas no incentivan tal movilidad y con ello se puede ver disminuida la
libertad laboral y la capaci- dad de progreso del trabajador. Atentan contra esta movilidad:
el actual sistema de capacitación; el sistema vigente de indemnización por años de servicios
y, lo precario del sistema de seguro de cesantía.
El primer efecto negativo del sistema de indemnización por años de servicios deriva del
hecho que el trabajador se ve inhibido de buscar una nueva fuente de trabajo, ya que ello le
implicaría perder una indemnización por años de servicios. La renuncia a un trabajo no
genera pago alguno.
La solución de fondo debe consistir en establecer un mecanismo de pago de una
indemnización a todo evento, similar a la que hoy existe para las asesoras del hogar,
equivalente a 15 días por cada año de servicios. De lo propuesto se deducen dos problemas
evidentes; el financiamiento del beneficio; y el hecho que esta idea implica una modificación
legal de difícil trámite legislativo.
Aquí se debe generar una opción: dar a los trabajadores de una empresa, en forma
colectiva, la posibilidad de optar por un seguro de desempleo que incluya la indemnización
por años de servicios, a todo evento de 15 días por año, en reemplazo de la indemnización
eventual de 30 días vigente actualmente, en el caso que se ponga término al contrato por la
causal de necesidades de la empresa.
La propuesta fusiona dos beneficios independientes, pero vinculados en su financiamiento,
dado que el 1,6% de la cotización del empleador en el seguro de desempleo es imputable a
la indemnización por años de servicios.
Lo anterior generaría un mayor costo para el empleador de un 4,11% de la remuneración
mensual, valor al que deberá deducirse el aporte imputable que se hace en el seguro de
desempleo de un 1,6% de la remuneración. Este mayor costo se puede disminuir
drásticamente, si dentro de la opción se estipula que el seguro de desempleo se activará por
medio de una cuenta general de la empresa, en vez de cuentas individuales de los
trabajadores, y que la cotización se hará sobre la base de una rotación teórica de
trabajadores y no, como es hoy en día, sobre la dotación total. Así, el empleador cotizará,
por ejemplo, sobre el 30% de las remuneraciones de los trabajadores de la empresa y no
sobre el 100%, sin que ello ponga en riesgo el beneficio, ya que la posibilidad de que los
despidos anuales sean superiores a dicha cifra, es muy baja. Por último, si ello ocurriera
debiera recurrirse a un Fondo Solidario que adminis- tren las AFC. A esta cuenta de la
empresa también debiera aportar en Estado de la misma forma que lo hace en el sistema
actual. En este caso se podría hasta eliminar el aporte del trabajador.
Al establecerse una indemnización a todo evento es posible otorgar a los trabajadores el
derecho a efectuar un retiro, por una sola vez, equivalente al 50% de la indemnización
devengada, una vez transcurridos a lo menos, por ejemplo, cinco años de antigüedad.
Jornada extraordinaria
La jornada extraordinaria está seriamente restringida en nuestra legislación permitiéndose
solamente pactarla en caso que sea necesario satisfacer necesidades o situaciones
temporales de la empresa, y previo pacto escrito que no puede tener una duración superior a
tres meses.
Esta norma desde que entró en vigencia en el mes de diciembre del 2001, no se ha aplicado,
e incluso los Servicios del Trabajo han determinado e instruido no fiscalizarla, dado el
impacto negativo que tendría en las remuneraciones de los trabajadores.
La formula propuesta consiste en establecer un banco de horas extraordinarias anuales,
equivalente a trabajar en promedio una hora extraordinaria al día, lo que representa
aproximadamente 290 horas extraordinarias en el año, por trabajador.
Flexibilidad de la jornada laboral
La flexibilización del sistema de jornadas especiales y otras materias similares, debe
lograrse a través de instruccio- nes administrativas de los Servicios del Trabajo, que son los
organismos que de hecho han producido la rigidez actual.
Consejo Nacional del Trabajo
Así como la política monetaria del país tiene un tratamiento independiente a través de un
ente técnico, que es el Banco Central, la política de control laboral debe también
tecnificarse, y desvincularla de los sectores que tengan el poder Ejecutivo. Es demasiada la
influencia que se ha demostrado ejercen los servicios del trabajo, en el desarrollo de las
empresas y por ende en la economía nacional, como para dejar entregada esta facultad al
gobierno de turno, sin la supervigilancia de un ente superior autónomo.
Se propone la creación de un Consejo Nacional del Trabajo, compuesto por cinco personas
propuestas por el Ejecutivo y ratificadas por el Senado, que tengan como misión
supervigilar la aplicación de las normas laborales y previsionales, dictar normativas macro
de criterios fiscalizadores, aprobar la designación y remoción al Director y Sub Director del
Trabajo, que haga el Presidente de la República, y otras que deberán determinarse en la ley.
Los consejeros deben durar en sus funciones 10 años, y solo podrán ser removidos con
acuerdo del Senado, por motivos calificados o por renuncia.
Tópico 3: Salud
Salud primaria
La atención primaria de salud no sólo es la responsable de la asistencia sanitaria esencial,
sino que su accionar está orientado principalmente hacia el fomento y protección de la
salud, así como también con la prevención y pesquisa precoz de la enfermedad. Es por esto
que los aspectos más relevantes de su accionar están relacionados con el desarrollo local, la
mantención de la salud, la prevención y el control de riesgos de las personas susceptibles de
enfermar y morir, el auto cuidado y un adecuado nivel de integración en la red asistencial.
Para cumplir con esa misión, es menester que la gestión de la salud municipal, no solo
cuente con un nivel de financiamiento adecuado, sino que también resulta relevante dotarla
de mecanismos de gestión y de capacidad reso- lutiva que puedan atender, por una parte, la
importante presión asistencial de la población, como también la dedica- ción hacia aquellos
ámbitos de la prevención y fomento que en el mediano plazo permitirán alcanzar
importantes cambios en el nivel de salud de la población y por ende en el bienestar de las
personas.
Por lo tanto se propone el establecimiento de los Centros de Diagnóstico Intercomunales, lo
que permitirá una mejor coordinación en el nivel primario, además de una mayor
resolutividad, con lo cual bajará la congestión en los hospitales de mayor complejidad. Al
mismo tiempo, se dotará de soluciones tecnológicas que posibiliten aumentar tanto el nivel
de capacidad resolutiva así como de gestión en los establecimientos de nivel primario de
salud.
A su vez, se reestructurará el sistema de salud local, separando las acciones preventivas y
de promoción de la atención de enfermedad, reformulando los modelos de gestión, donde
aquellos aspectos relativos al fomento, la promoción y la protección se desarrollarán en
unidades comunitarias específicas y descentralizadas. El sistema de financiamiento para
dichas unidades estará dado por una asignación basal por población asignada a un sector
pobla- cional territorialmente definido, con el fin de cubrir los costos de operación y un
sistema de incentivos por metas cumplidas, en una combinación de cobertura e impacto.
En lo referido al modelo de financiamiento para el tratamiento de la enfermedad, se
propone incorporar al sector primario dentro del sistema de seguro portable.
Para las comunas pequeñas, avanzar hacia una verdadera descentralización, permitiendo la
creación de unidades mayores que posibiliten alcanzar un nivel mínimo de población
(10.000 a 20.000 personas) que asegure un piso financiero que cubra los costos fijos de
operación, optimizando de esta forma la disponibilidad de recursos.
Autonomía para la totalidad de los establecimientos
La falta de autonomía de los establecimientos del sector público resulta en una gestión
ineficiente y subsidios a la oferta, por parte del Gobierno Central, que distorsionan el costo
real de ciertas prestaciones. Se propone que todos los establecimientos públicos de salud
deberán cumplir con los requisitos establecidos para tener la calidad de Hospi- tales de
Autogestión en Red, donde también se incluirán requisitos mínimos a los consultorios.
Libre elección de los prestadores
Si bien, el Auge es un avance en garantizar ciertas prestaciones de salud, aún existen
marcadas diferencias entre los subsistemas público y privado, donde las personas no tienen
los grados de libertad necesarios para elegir al prestador más adecuado para su perfil
epidemiológico. Por su parte, los problemas de diseño en los seguros de salud llevan a una
utilización excesiva de prestaciones y a una autoselección de los beneficiarios que termina
presionando los recursos estatales.
Para terminar con esto se propone que toda persona tenga que contratar un plan básico que
incluirá las prestacio- nes determinadas por el Régimen de Garantías en Salud, con sus
debidas garantías explícitas y copagos. La contrata- ción podrá realizarse con cualquier
institución, ya sea pública o privada, debidamente acreditada por la Superinten- dencia de
Salud.
Para determinar el aporte fiscal a las personas que no puedan adquirir el Plan Garantizado,
el Estado entregará un subsidio portable por la diferencia entre el 7% del ingreso per cápita,
determinado por el ingreso familiar y el número de personas que constituyen éste, y una
prima de referencia establecida en base al costo real promedio de las presta- ciones
garantizadas. A través de un proceso de licitación se entregará en concesión, a un
organismo reasegurador, la distribución de los excesos de riesgo de los diferentes
aseguradores.
Subsidio de incapacidad laboral
Estudios demuestran que en el período 1991 a 1999 hubo un significativo aumento en el
gasto de Subsidio por Incapacidad Laboral, el cual tuvo un incremento real de 118%,
equivalente a una tasa de crecimiento de 10,3% promedio anual. De esta forma, se han
sobreutilizado recursos que podrían haberse asignado a funciones con mayor impacto
sanitario.
Se propone rediseñar el seguro, donde éste tendrá como tope de pago un año, un reembolso
escalonado, el cual será superior, a medida que la enfermedad incapacite a la persona por
un período más largo de tiempo, con el fin de evitar las licencias innecesarias. A su vez, se
propone una reducción del número de días de carencia a dos días a todo evento.
Estado nutricional
Si bien, los niveles de desnutrición infantil han bajado sustancialmente durante las últimas
décadas, los índices de obesidad son alarmantes. En cifras del Ministerio de Salud, el 7,5%
de los niños y niñas menores de seis años son obesos, mientras que entre los adolescentes la
cifra alcanza el 14%. Según proyecciones del Instituto Nacional de Tecnología de los
Alimentos (Inta), en 2010, Chile deberá cargar con nueve millones de habitantes con
obesidad o sobrepeso.
Dado los antecedentes precedentes, es necesario reestructurar el Programa Nacional de
Alimentación Comple- mentaria, de forma que se entregue los alimentos adecuados a las
necesidades que contemple un grado nutricional normal para los beneficiarios.
Al mismo tiempo, se formará una unidad coordinadora de instituciones relacionadas con la
alimentación y salud. El programa de acciones incluirá un desarrollo adecuado de política
de alimentos, campaña de nutrición coordinada con los medios de comunicación,
modernización de textos de estudio relacionados al tema y capacitación de docentes para
orientar sobre una adecuada nutrición.
Acceso a medicamentos de alta calidad, seguridad, eficacia y menor precio
Actualmente, existen 134 localidades que no tienen acceso expedito a medicamentos. A su
vez, el Instituto de Salud Pública no está realizando las labores necesarias para garantizar la
calidad de los medicamentos. A esto se suma que la manipulación inadecuada de éstos
también reduce la eficacia que pueda tener el medicamento y el alto costo que tienen que
desembolsar las personas para adquirir un producto de mayor especificidad.
Se propone la implementación de un programa de cobertura total de medicamentos, con el
fin de llegar a estas
134 localidades carentes de acceso, donde se establecerá una red con laboratorios para
capacitar a los farmacólogos en cuanto a una manipulación adecuada de medicamentos. El
Instituto de Salud Pública estará encargado de exigir el rol de registro de equivalencia a los
medicamentos. Para reducir el costo de los medicamentos se aplicará una política de
reembolso escalonado.
Salud mental
Durante los últimos años se ha observado un fuerte incremento de los problemas
relacionados con la salud mental, lo cual trae serias consecuencias en cuanto a consumo
excesivo de alcohol, drogas, trastornos afectivos, violencia, maltrato y esquizofrenia.
Actualmente, los medios para la detección y tratamiento temprano de este tipo de
enfermedades carecen de elementos esenciales para tener resultados acordes a las
necesidades. Se propone un mejoramiento en la capacidad de detección de este tipo de
enfermedades, como también la incorporación de éstas en el Plan de Salud, con un
tratamiento realmente efectivo.
Tópico 4: Vivienda
Financiamiento para los más desposeídos
De las 3.899.448 viviendas que hay en Chile, existe un total de 533.917 viviendas que
presentan carencias de servicios básicos. Por su parte, hay 241.979 hogares allegados,
690.077 viviendas con hacinamiento y 833.187 vivien- das con déficit de calidad. A esto
hay que agregar que el 50% de los hogares allegados y el 75% de las viviendas
irrecuperables, pertenecen al 40% más pobre de la población.
Gran parte de esta realidad se debe al deterioro en el mercado de financiamiento
habitacional para sectores de ingreso medio-bajo, quienes acceden a viviendas de muy baja
calidad. Se propone establecer un programa especial de subsidios para créditos pequeños a
los cuales puedan acceder las personas de sectores de ingreso medio-bajo. En el caso de los
indigentes se establecerá un mecanismo especial para que tengan el uso y goce de por vida,
donde las viviendas, adquiridas a través de licitación pública, pasarán posteriormente a su
propietario.
Mejorar los estándares de construcción
Los conjuntos habitacionales construidos por encargo de los Servicios de Vivienda y
Urbanización han significado un desembolso estatal aproximado –sólo por concepto de
reparación e intervención preventiva– de un millón y medio de unidades de fomento.
La calidad crítica de las viviendas sociales entregadas por el Gobierno Central para los
habitantes de los sectores de ingreso medio-bajo denota la precaria regulación que ejecutan
las empresas constructoras y dan cuenta de la necesi- dad imperante de clarificar las normas
y los estándares mínimos de la construcción.
Para mejorar el mecanismo de regulación de las viviendas sociales se fortalecerá la
capacidad de inspección de las municipalidades. Cada vivienda deberá recibir una
inspección certificada obligatoria previa a la entrega de la vivienda a los habitantes.
Planificación y diseño adaptado a las necesidades de las personas
Las organizaciones espaciales de las viviendas deben ser flexibles para que satisfagan las
necesidades y aspiracio- nes de los habitantes. En términos concretos, cada vivienda debe
ser expansible, es decir, debe permitir la ampliación de los espacios de forma versátil para
que sirva varios destinos y usos simultáneos.
En relación a la orientación de la vivienda, se debe considerar la exposición que tendrá con
los factores externos
(incluyendo el viento, la lluvia y la refracción solar). Adicionalmente, los materiales deben
ser seleccionados según una evaluación que identifique las particularidades del
medioambiente y la producción local.
Por último, se promoverá la integración de cada familia con su entorno social (transporte,
cercanía al trabajo, educación, salud, áreas verdes, pasajes peatonales y zonas de
esparcimiento). Para ello, las municipalidades deben contar con más autonomía para
diseñar y dirigir sus propios proyectos según sus prioridades y las sugerencias de los
habitantes.
Promover la auto-construcción
La monotonía de los conjuntos habitacionales afecta la formación de la identidad de los
habitantes en forma negativa. Adicionalmente, la elevada densidad de las viviendas no
protege la privacidad ni la integración social de las familias que las habitan.
Para dar solución a estos problemas se propone apoyar la autoconstrucción de viviendas
sociales. Para esto, los municipios dictarán cursos destinados a capacitar a los habitantes
del sector que viven en viviendas con características que carecen de una identidad propia.
Esta práctica, junto con la disminución en la densidad de las viviendas, reforzará la
identidad individual y aumentará el bienestar de las familias.
Reventa de viviendas usadas
Los proyectos habitacionales nuevos se concentran en la periferia de las ciudades, lo cual
aumenta la segregación física. Los pobladores de viviendas básicas utilizan gran parte de su
tiempo en transportarse a sus lugares de trabajo, pues sólo el 22% de quienes tienen una
vivienda básica trabajan en la misma comuna donde residen.
Para ampliar las opciones de movilidad habitacional se destinarán subsidios especiales para
este objetivo, con el fin equilibrar cualitativamente el mercado. A su vez, se introducirán
sistemas tecnológicos que faciliten la obtención de información, lo que implicará un fuerte
desarrollo del mercado de viviendas sociales usadas.
También se propone consolidar la securitización, a través de un financiamiento de segundo
piso. Esto permitiría el empaquetamiento de carteras de crédito, emitiendo títulos que se
colocarán en el mercado de capitales.
A su vez, se analizará la densificación de las áreas urbanas con un enfoque que considere la
utilización de estruc- turas existentes dentro la ciudad. Para ello, cada municipalidad tendrá
que entregar un estudio dirigido a identificar los edificios que no se usan o cuyo uso es de
menor impacto.
Participación de los beneficiarios
Hay que capacitar a los dueños de viviendas sociales para que resuelvan eventuales
problemas que presenten sus viviendas. Se propone el comienzo de un programa elaborado
por Minvu que capacite a los habitantes para resolver este tipo de problemas.
Reparaciones de viviendas con fallas
Hoy en día existen viviendas sociales que presentan fallas que no solo han causado un
menoscabo en la dignidad de sus habitantes, sino que han puesto en peligro sus vidas.
Estos conjuntos habitacionales fueron construidos por encargo de los Servicios de Vivienda
y Urbanismo, quienes entregaron las viviendas sin la adecuada inspección. Es por ello que
la responsabilidad de facilitar el proceso de reparación queda en los manos del Minvu. Se
propone un aumento en la inversión de los fondos públicos destinados a reparar los
conjuntos habitacionales que presentan fallas o defectos en su construcción, además de una
reevalua- ción de la accesibilidad de las canales disponibles para plantear y resolver los
problemas de los habitantes.
Seguimiento del MINVU
Actualmente no existe un seguimiento que entregue un catastro sobre la calidad de las
viviendas una vez entrega- das las obras. Se propone una investigación anual realizada por
el Minvu que entregue información sobre el impacto social de la habitabilidad de la
vivienda. Además, se debe reformar el proceso de licitación de forma tal que asegure y
comprometa a las empresas constructoras adjudicatarias a mantener y garantizar la calidad
de las viviendas que entreguen.
Tópico 5: Pobreza
Mejores mecanismos de captura de información
La encuesta Casen es un instrumento fundamental para diseñar, coordinar y evaluar las
políticas sociales. Adicio- nalmente, hace posible que la entrega de programas y ayudas
sociales consideren una planificación con miras perma- nentes y no transitorias a la hora de
erradicar la pobreza. Es por ello que, la suspensión de esta encuesta, como sucedió en 1989
y 2002, implica interrumpir y postergar la evaluación de las políticas sociales. Se
garantizará enton- ces la aplicación imparcial del mecanismo junto con una disminución en
los tiempos de entrega en la información.
Continuo perfeccionamiento de la Ficha Familia (ex CAS)
La ex Ficha Cas permitió la focalización del gasto social al priorizar según prelación a los
postulantes a subsidios sociales, sin embargo, la Ficha Cas fue perdiendo su capacidad de
focalización al no actualizar su contenido en forma continua. Para evitar que suceda lo
mismo con la Ficha Familia, nuestro compromiso considera la constante actualiza- ción de
la Ficha para que sirva realmente como instrumento informativo de focalización.
Asistencia portable
La entrega de ayudas fiscales depende del puntaje obtenido en la Ficha Familia (ex CAS).
Es por ello que se debe armonizar los requisitos del programa al cual se postula con los
resultados de la Ficha. Por ejemplo, una familia que recibía ayuda social (subsidio al agua
potable) pierde tal asistencia si se traslada hacia otra comuna, debiendo re postular en el
nuevo municipio. Una situación similar ocurre cuando fallece el beneficiario de la ayuda
asistencial, en cuyo caso, la familia o cónyuge pierde la ayuda asistencial. Los programas
sociales que hoy en día benefician a las familias que cumplen con los requisitos exigidos en
la Ficha deben considerar la mantención de los beneficios en caso de fallecimien- to y la
portabilidad de los beneficios, mientras estén vigentes, en caso de que la familia se cambie
de comuna.
Externalizar el programa puente
El Programa Puente del Sistema Chile Solidario se estableció para solucionar el problema
de que algunas municipa- lidades no realizan buenos trabajos en cuanto a la identificación
de personas sujetas de subsidios. No obstante, dicho programa superpone funciones con
aquellos municipios que sí están realizando un buen trabajo, con la consecuente pérdida de
recursos estatales. Para potenciar la focalización y evitar el despilfarro de recursos, se
propone que las municipalidades externalicen a organizaciones sin fines de lucro, a través
de un proceso de licitación pública el cual podrá ser llevado a cabo por un conjunto de
municipalidades, la función de recolección, fiscalización y verificación de datos, ya sea,
durante la entrega del puntaje a la respectiva municipalidad, como así también, durante los
dos años en los cuales dura la vigencia de la Ficha.
Reformular el Chile Solidario
El Sistema Chile Solidario ha dado pie al proselitismo político y a excesivos gastos de
administración, donde sólo se fortalecen programas sociales que ya existen o se crean
fórmulas que mezclan la promoción de capacidades con asistencialismo. Se propone la
reformulación del Sistema, con la consecuente reingeniería en los programas ineficientes,
con el fin de separar el rol de promoción de capacidades del de asistencialismo. De esta
manera, el Gobierno Central tendrá como única tarea establecer los lineamientos de las
políticas asistenciales. La ejecución, desarrollo y evaluación de estas políticas será
responsabilidad de los gobiernos locales, para lo cual podrán incorporar la participa- ción
de organizaciones sin fines de lucro.
Mayor participación de organizaciones sin fines de lucro
La imposibilidad de que criterios uniformes se adapten a la diversidad y dinámica de las
necesidades de las perso- nas, la falta de competencia para incentivar una gestión más
eficiente, la multiplicidad de objetivos, y el encadena- miento de efectos ante una mala
decisión, reducen la eficiencia de que el Gobierno Central sea quien posibilite la
erradicación de la pobreza.
De esta forma, la participación de las personas en forma localizada en cuanto a la
asignación de recursos que financian programas sociales es fundamental para avanzar en la
disminución de la pobreza. De aquí surgen numero- sas organizaciones sin fines de lucro
que permiten desarrollar la expansión de capacidades de una gran cantidad de personas,
función que financian a través de donaciones y recursos públicos.
Lamentablemente, la gran mayoría de los recursos públicos se dirigen en forma
discrecional, lo cual resta incenti- vos para que exista una mayor competencia entre
organizaciones sin fines de lucro en cuanto a la generación de ingresos.
Por estas razones se propone incorporar el concepto de democracia tributaria, donde los
contribuyentes puedan destinar parte de sus impuestos a una organización sin fines de lucro
al momento de realizar su declaración anual del impuesto a la renta. El 2% de los impuestos
personales equivale a un monto cercano a los 30 millones de dólares, recursos que serán
fundamentales en el presupuesto de dichas organizaciones.
Premio a la superación
La Ficha Familia (ex CAS) otorga beneficios estatales según la situación de carencia del
postulante, pero no premia la capacidad de superación. A modo de ejemplo, entre dos
postulantes con similar situación de carencia se premia aquel que tiene menos años de
estudio.
Por lo tanto, se propone la creación de un Bono Especial Complementario, para aquellas
personas que logren poner en marcha un proyecto productivo que busque cambiar su
situación de pobreza. El Bono se aplicará según puntajes que tomarán en cuenta la
evolución que tenga el proyecto del postulante.
Tópico 6: Previsión Social
Reducción de costos por comisión
Si bien, no existen dudas de que un sistema de capitalización individual es la mejor fórmula
para asegurar una distribución digna y justa en las pensiones de los jubilados, existen una
serie de debilidades perfectibles. Dado el nivel de rentabilidad del sistema, el universo que
alcanza y las limitaciones legales en los instrumentos en que invierten los fondos, el costo
de la comisión es relativamente alto. Es por esto que se propone la incorporación de nuevos
actores como bancos o compañías de seguros, a través de filiales con giro único.
Mayor libertad de elección
Se propone permitir que el cotizante pueda redestinar una parte de su cotización obligatoria
a otros intermediarios financieros que estén debidamente registrados en la Superintendencia
de Valores y Seguros. Por su parte, para perfeccionar la calidad de decisión en cuanto al
destino de los recursos liberados, se puede establecer un mecanismo de incentivo tributario
para fondos organizados entre trabajadores y empleadores, que vayan a redestinar parte de
sus cotizaciones.
Maximizar la rentabilidad esperada
La diversificación de las inversiones que realizan las administradoras de fondos de
pensiones es limitada, debido a que los márgenes para invertir en los diferentes
instrumentos son muy estrechos. Por lo tanto, se propone una ampliación en los límites de
inversión, tanto para el monto como la variedad de instrumentos.
Protección universal
En cuanto a la cotización previsional, existe una discriminación entre trabajadores que
tienen contrato de trabajo y los que no lo tienen, donde apenas el 5% de trabajadores
independientes cotizan en el sistema. Se propone una cotización universal, a través de un
control del Servicio de Impuestos Internos en el que trabajadores independientes acordarían
con dicho ente planes de cotización que se acomoden a la temporalidad de sus ingresos, con
el fin de armonizar la pensión básica garantizada por el estado, evitando que se desfocalice
o haya un aprovechamiento de ésta.
Solucionar el problema de las lagunas previsionales
Trabajadores que dependen de empleos temporales y enfrentan largos períodos de cesantía,
tienden a quedar desprotegidos por el sistema, siendo su destino postular a una Pensión
Asistencial, monto insuficiente para cubrir las necesidades básicas de un ser humano.
Se propone el establecimiento de un sistema de cotización compartida, en que el Estado
aportará una parte de la cotización del trabajador en períodos en que éste no pueda cotizar,
con el fin de evitar que se produzcan lagunas previsionales.
Tópico 7: Adulto Mayor
Mayores posibilidades de participación
En el plano de la participación, el 63% de los adultos mayores no participa en ninguna
organización social. Para hacer frente al desamparo que sufren una gran cantidad de adultos
mayores se propone mejorar las deficiencias que actualmente existen en la coordinación de
los diversos programas.
Normar el funcionamiento de las casas de reposo
Los resultados obtenidos en el Censo realizado el 2002, reflejaron el avance de la transición
demográfica. La población chilena ha crecido a un ritmo anual de 1,2% en la última década
en circunstancias que la población mayor de 60 años ha crecido a un ritmo de 3,3% anual
en igual período. Hoy en día, la población mayor de 60 años representa el 11,5% de la
población.
El funcionamiento de las Casas de Reposo quedará normado. La institucionalidad operativa
considerará exigencias mínimas para el funcionamiento de estos hogares, como así
también, sistemas de monitoreo y control y programas de salud que entreguen acceso
directo y gratuito en la red de hospitales públicos.
Transferencia de propiedades
En el caso del patrimonio físico, constituido mayoritariamente por los inmuebles de
propiedad de los pensionados, se propone la opción –libre y voluntaria– de transferir dicha
propiedad a un tercero, pero manteniendo el derecho a uso y goce hasta el fallecimiento del
pensionado. Para hacer operativa esta propuesta se debe crear un marco jurídico que
posibilite la operatividad de un producto como la hipoteca revertida. Con las disposiciones
legales vigentes es posible que las sociedades inmobiliarias adquieran las propiedades
pudiendo securitizar los contratos lo cual generaría instrumentos de inversión calificados
que podrían ser adquiridos por los fondos de pensiones.
Previsión adicional
Los adultos mayores de bajos ingresos dependen en demasía de las pensiones y
jubilaciones, donde sus ingresos crecen a una tasa significativamente menor a la del resto
de la población. Se propone que este segmento de la población se beneficie con un bono de
longevidad, cuyo monto será creciente en función de la edad del pensionado.
Trabajo en la tercera edad
Flexibilizar el mercado de trabajo de manera tal que posibilite a los pensionados realizar
actividades laborales remuneradas con opciones de trabajo flexible, sujetas más al
cumplimiento de un trabajo o tarea que a un horario flexible.
Tópico 8: Familia y Mujer
Una de las mayores desigualdades en nuestro país está constituida por las dificultades que
enfrentan las mujeres más pobres para trabajar. No encuentran con quién dejar a sus hijos
pequeños en un lugar seguro y de su confianza. Sólo una de cada cuatro mujeres del 20%
de los hogares más pobres trabaja, mientras que en el quintil de mayores ingresos lo hace
más del 50% de las mujeres. La cobertura preescolar también muestra diferencias
importantes según estrato socioeconómico de la madre.
Programa de guardadoras infantiles
Porque reconocemos la importancia del trabajo de la mujer, al permitir complementar el
ingreso familiar ayudando a superar la pobreza en los hogares, proponemos una adecuada
cobertura de educación y atención preescolar para los sectores más pobres, para que las
brechas de ingreso disminuyan significativamente. Una alternativa para este último
segmento es el Programa de Guardadoras Infantiles, a cargo de las municipalidades,
mediante el cual mujeres seleccionadas, capacitadas y supervisadas profesionalmente
cuidan en sus casas a niños de otras mujeres, que pueden, así, trabajar tranquilas.
Menor carga tributaria
Si la familia florece, la sociedad será sana. En nuestro país, las cifras nos muestran una
alarmante disminución en la tasa de natalidad y en la de matrimonios. Debemos impulsar
políticas públicas que reconozcan que la familia es la llave para una sociedad y economía
prósperas. Por esta razón, queremos disminuir las tasas de impuestos a las familias
autorizando a los matrimonios el sumar sus ingresos y dividirlos por dos.
Educación de los hijos
Devolverles a los padres su derecho a decidir la educación de sus hijos. Para ello,
promoveremos la creación de colegios particulares subvencionados, garantizaremos a los
municipales su autonomía respecto del Gobierno Central y levantaremos las trabas al
financiamiento compartido.
Además, deben existir diferentes programas de educación sexual con contenidos claros y
definidos para que sean los padres quienes escojan entre alternativas múltiples y
diferenciadas.
Fuero y permiso maternal
El fuero maternal es un derecho arraigado en nuestra cultura. De la misma manera hay
conciencia que dicho fuero genera reticencia en los empleadores, que ven en la mujer un
mayor riesgo laboral que en los hombres.
En esta materia es posible avanzar en dos sentidos. El primero es permitir a las mujeres
distribuir las semanas de permisos pre y post natal. Lo segundo consiste en otorgar a las
mujeres una opción para aumentar los permisos maternales en la misma proporción en que
se disminuya el fuero maternal. El mayor costo que implicaría el financiamiento de este
mayor permiso debiera ser financiado por partes iguales por los entes previsionales y por el
empleador, que se ve beneficiado, por la disminución del fuero.
Jubilación para la dueña de casa
A pesar de la importante contribución social que realizan las dueñas de casa, la
insuficiencia del monto por montepío y la inexistencia de un mecanismo para recibir
jubilación truncan la aspiración de un mayor grado de independencia económica, lo cual
envuelve en un manto de incertidumbre el desarrollo de la vida de la dueña de casa. Por
esto, se propone un sistema previsional donde ella sea la titular exclusiva, beneficiándose
directamente.
El mecanismo consiste en establecer una categoría de afiliado independiente, abriendo una
cuenta de capitalización individual donde ella elija, sin derecho a causar pensiones de
sobrevivencia, liberándose, a su vez, la obligación de cotizar el 7% de salud. La cotización
mínima será igual al 7% del ingreso mínimo para fines no remuneracionales, lo cual
equivale a 5.800 pesos mensuales. Quienes entren al sistema serían mujeres mayores de 14
años que se encuentren inactivas, realicen actividades domésticas y tengan uno o más hijos.
La edad de jubilación para la afiliada sería de 65 años.
En el caso de los hogares que presenten ingresos autónomos inferiores a los 250 mil pesos
el financiamiento de la medida será cubierta por el Estado en base a un esquema de
financiamiento compartido. Si hogares presentan ingresos autónomos mensuales superiores
a los 250 mil pesos, la cotización será completamente de cargo a la familia, la cual podrá
deducir del impuesto a la renta el monto ingresado a la cuenta individual.
Incentivos previsionales
El 60% de las cotizantes no podrá optar por una pensión mínima con garantía estatal. El
menor sueldo que perciben las mujeres, lo cual va acompañado por una menor cantidad de
años trabajados, repercute en una jubilación de «sobrevivencia» para la vejez, que empeora
si se considera un aumento en la esperanza de vida para las mujeres.
Se propone que por cada hijo el Estado entregue un año más de cotización. Adicionalmente,
se debe flexibilizar la administración de los fondos previsionales y con ello mejorar la
diversificación de la cartera de inversiones.
Pensión de alimentos
De cada 100 mil demandas por pensión alimenticia que se efectúan cada año, la mitad no se
pagan. Se propone entonces que la Tesorería General de la República quede facultada para
retener la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese al deudor de la pensión
alimenticia. Adicionalmente, el no pago de la deuda quedará en los registros de deudores.
Erradicar la violencia intrafamiliar
La violencia intrafamiliar (VIF) es un problema que ha afectado fuertemente a las mujeres
y que ha generado una sensación de impunidad. En el 98% de los casos la víctima es mujer,
cada año mueren 70 mujeres producto de éste tipo de violencia y 5 de cada 10 mujeres
declaran ser víctimas de violencia intrafamiliar.
Se propone crear un Grupo de Acogida Local que implemente un programa integral
destinado a prevenir y atender las problemáticas relacionadas con la violencia intrafamiliar,
es por ello, que este grupo no solo brindará atención a las víctimas, sino que además, a
quienes ejercen el abuso.
La puesta en marcha del Grupo de Acogida Local será responsabilidad del Servicio
Nacional de la Mujer (Sernam). La Ministra Directora de éste servicio aprovechará las
dependencias regionales que actualmente ocupan los Directores Regionales para dar inicio
a esta propuesta.
Terminar con el abuso sexual infantil
El Servicio Nacional de Menores (SERNAM) atendió a 3.409 niños víctimas de éste ilícito
durante el 2003. Las mujeres fueron las más afectadas al representar el 51% del total.
Adicionalmente, los estudios de victimización revelan que por cada abuso sexual
denunciado, existen seis no denunciados.
El abuso sexual a menores es una realidad latente en nuestro país, afecta en su mayoría al
sexo femenino y dificulta el buen desarrollo de la mujer. Por lo tanto, nuestro Programa
garantiza la protección a las niñas y niños víctimas de abusos sexuales, mejorando y
modernizando la educación sexual que actualmente se imparte, junto con una política de
salud responsable, permitirá el pleno desarrollo de la mujer.
Terminar con la discriminación
Históricamente nuestra sociedad le ha asignado un rol secundario a la mujer. No debería de
extrañar entonces que existan encuestas que muestran que el 90,5% de la población
femenina piensa que Chile es un país machista.
La discriminación cultural por género genera exclusión y desigualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres. Para hacer frente a esta problemática, nuestras propuestas están
orientadas al fomento de la participación activa de la mujer en nuestra sociedad.
Nivelación educacional
El énfasis en la expansión de la cobertura educacional ha permitido reducir fuertemente la
tasa agregada de analfabetismo. Sin embargo, los beneficios de esta expansión no han
llegado a la población que habita en zonas rurales y en mayor medida a quienes tienen una
edad más avanzada, particularmente las mujeres.
Los resultados del Censo 2002 lo confirman. Se constató la existencia de 480.865 personas
analfabetas, de entre las cuales el 52% son mujeres y el 70% de éstas tienen más de 50
años.
Se propone posibilitar el reintegro a las aulas escolares a aquellas mujeres que no pudieron
terminar sus estudios de enseñanza básica y/o media, como a su vez, permitir que obtengan
capacitación para la reintegración al trabajo.
Tópico 9: Discapacidad
Incorporación laboral
En la actualidad, mientras el 48,1% de la población total realiza trabajo remunerado, sólo el
29,2% de las personas con discapacidad lo hace. Se propone que en el contrato de trabajo
que celebre la persona con discapacidad se pueda estipular una remuneración en que se
aplique un ingreso mínimo especial para discapacitados.
Los empleadores que concedan trabajo a personas discapacitadas que se encuentren
inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad y que estén afectos al pago del impuesto
de primera categoría, tendrán derecho a rebajar de la renta bruta el 150% de los sueldos,
salarios y otras remuneraciones pagadas o adeudadas que efectúen a los trabajadores
discapacitados.
Aquellos empleadores, que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de
Discapacidad, que ocupen trabajadores discapacitados, y estén contratados por lo menos
con un año de anterioridad, tendrán preferencia –en igualdad de condiciones– en los
procesos de licitación, adjudicación y celebración de contratos, sean estos públicos o
privados.
Adaptar la infraestructura a las necesidades de las personas
Dos de cada cinco personas con discapacidad tiene problemas para desplazarse en la calle
debido a obstáculos físicos del entorno, en circunstancias que nuestra legislación contempla
normas destinadas a erradicar las barreras arquitectónicas que dificultan el acceso a la
educación, al transporte, al trabajo y a la participación ciudadana. Lamentablemente,
muchas de éstas normas quedan sin aplicación por falta de fiscalización.
En nuestra agenda este tema toma una relevancia prioritaria. Se destinará un equipo para
fiscalizar el acceso a los recintos públicos y se deberá rendir un catastro de accesibilidad
antes del término del primer año de gobierno. Las multas cursadas por infracción en las
normas tendrán como destino impulsar las obras tendientes a eliminar las barreras
arquitectónicas.
Compromiso público-social
En nuestro país el 12,9% de la población (2.068.072 chilenos) presenta algún tipo de
discapacidad. Resulta de vital importancia sumar al sector privado al compromiso social de
incorporar a los discapacitados. Se propone que el gobierno conceda un reconocimiento
público hacia aquellas empresas que realicen este tipo de actividades.
Compromiso con los desafíos
En nuestro país hay 725.311 adultos mayores que presentan algún tipo de discapacidad. El
envejecimiento, como factor asociado a una mayor presencia de discapacidad, está más
asociado con discapacidades sensoriales y físicas que con las del tipo mental o siquiátrica.
Se propone entonces favorecer el financiamiento de proyectos concursables cuyas líneas de
acción, tipo de discapacidad y grupo etáreo beneficien a este segmento de la población.
Transporte
Sólo una de cada cinco personas con discapacidad recibe ayuda en la calle o en la
movilización. Se propone que todas las personas con discapacidad, sean éstos, adultos,
jóvenes, niños o lactantes, y deban asistir a terapias de rehabilitación, tengan acceso a
transporte público gratuito.
El gobierno central pondrá a disposición de las municipalidades los vehículos necesarios
para efectuar los traslados hacia los centros de rehabilitación.
Crear el Servicio Nacional de la Discapacidad
Se propone dar término al Fondo Nacional de la Discapacidad (Fonadis) para crear el
Servicio Nacional de la Discapacidad, cuya finalidad será unificar la coordinación
intersectorial, mejorar los sistemas de gestión, incorporar cambios tecnológicos que
contribuyan a mejorar la eficiencia institucional, impulsar la especialización de la
institución en los ámbitos de protección de derechos a través de iniciativas legales,
reglamentarias, administrativas y organizacionales y desarrollar y optimizar la oferta de
programas hacia las personas con discapacidad considerando para ello el protagonismo de
la familia y la comunidad.
Tópico 10: Deporte
Escuelas deportivas municipales
La actividad física y la buena alimentación juegan un rol fundamental en el mejoramiento
de la calidad de vida de las personas, ya que son actividades directamente relacionadas con
la salud y la educación. No obstante, en nuestro país, el 89,1% de la población chilena es
sedentaria. En el caso de las mujeres está situación es más notoria, alcanzando un 93,3%,
contra un 89% de los hombres. Por su parte, las prácticas físico-deportivas están más
ausentes en el primer y segundo quintil de ingreso. Para revertir esta situación se propone
fomentar el deporte en establecimientos escolares municipales y subvencionados, a través
de la creación de Escuelas Deportivas Municipales.
Becas deportivas
Es un deber país impulsar políticas relevantes en materias de formación y fomento de la
actividad física, tomando en cuenta que con ello podremos optar como sociedad a erradicar
males de la sociedad moderna como son la delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo y
la salud mental de la población.
Proponemos reasignar los recursos de Chiledeportes para financiar becas deportivas en la
educación superior considerando a los Centros de Formación Técnica e Institutos
Profesionales, que si bien atienden a una población etárea similar a las universidades, el
sistema no les brinda cobertura porque no hay exigencias de los organismos que las rigen.
Al mismo tiempo, Chiledeportes trabajará la aplicación de programas deportivos
considerando los gastos calóricos por actividad según el segmento de la población a
incorporar; donde factores como masa muscular, capacidad cardiorespiratoria y la
aplicación previa de un chequeo médico, resultan fundamentales.
Institucionalidad deportiva
Se hace imprescindible terminar con la designación de autoridades políticas en
ChileDeportes. Se propone que este organismo sea integrado al Sistema de la Alta
Dirección Pública, para la selección de los cargos del primer y segundo nivel.
En el sistema nacional actual hay instancias que son remuneradas y otras no. Se debe
homologar la estructura para exigir resultados, ya que los dirigentes solo dan su tiempo
libre después de sus obligaciones personales y no tienen conocimiento del universo de la
Administración Deportiva, el cual requiere más que voluntad.
En la esfera comunal coexisten al menos tres entes que se pelean las funciones del deporte
* Consejo Local de Deportes y Recreación,
* Departamento de Deportes Municipal y
* Coordinaciones o Direcciones Comunales de Educación Extraescolar. Se prescindirá
de la existencia de estas tres instancias y crearemos una sola, que entregue coherencia al
sistema nacional actual de deportes, denominada Dirección Comunal de Deportes.
El deporte se acerca a ti
Se asignarán recursos municipales, vinculándolos a metas de gestión, tanto cuantitativas
como cualitativas, para acercar el deporte a todos los grupos sociales, es decir, el municipio
como vínculo entre las dueñas de casa, mundo de la tercera edad y otros.
Más y mejores instalaciones deportivas
Se establecerá un programa de reparación y mantención de las instalaciones deportivas
existentes y se optimizará su uso a través de convenios que garanticen este objetivo, lo cual
se logrará mediante aportes diferenciados de usuarios según sus posibilidades, garantizando
gratuidad a quienes no puedan cancelar, pero sí pidiéndoles trabajos a cambio, como pintar
demarcación, arcos y camarines.
Por su parte, se promoverá una política de higiene en camarines y servicios higiénicos que
asegure la salud de la población frente a hongos o infecciones de piel u otras por mal aseo e
insalubridad.
Juegos deportivos locales
Proponemos la entrega de incentivos en cada comuna para la organización de Juegos
Deportivos Locales, clasificatorios para los Juegos Deportivos Regionales. En este evento
participarán las escuelas, incluyéndose también otras categorías como vecinos, dueñas de
casa, trabajadores de empresas, trabajadores públicos de municipios, consultorios y de
educación.
